El lunes 4 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la República de Chile la aprobación y entrada en vigencia de la Política Nacional de Ciberseguridad 2023-2028. Como señala el documento, la ley busca realizar mejoras para hacer frente a los crecientes desafíos que supone la ciberseguridad y protección de datos en el mundo actual.

En los últimos años, se han producido varios ataques de ransomware que afectaron a sectores privados como públicos en Chile. Sin ir más lejos, en la segunda mitad de 2023 un ataque de ransomware al grupo GTD afectó a más de 3000 clientes en Chile y Perú, pero si repasamos lo que ocurrió en 2022 encontramos casos similares, con ataques que afectaron al Poder Judicial o al Sernac, por poner algunos ejemplos.

Según explica el documento, Chile tiene un nivel medio de madurez en ciberseguridad y los desafíos más importantes a los que se enfrenta son: la insuficiente resiliencia de las organizaciones y de su infraestructura; poca conciencia de las personas y a nivel organizacional acerca de la importancia de la ciberseguridad; la falta de profesionales especializados en ciberseguridad; la falta de sofisticación de la demanda de ciberseguridad en el país, y el aumento de ciberdelitos.

Objetivos de la Política Nacional de Ciberseguridad

En respuesta a los desafíos que enfrenta el país en materia de ciberseguridad, la nueva Política propone cinco objetivos fundamentales y que están relacionados entre sí.

Por un lado, lograr una infraestructura resiliente bajo una perspectiva de gestión de riesgos que permita a las organizaciones estar preparadas para hacer frente y recuperarse de incidentes de seguridad y sus consecuencias. En segundo lugar, proteger los derechos de las personas promoviendo la protección de los derechos en Internet. El tercer objetivo es desarrollar una cultura de la ciberseguridad a través de la educación y promoción de buenas prácticas en el manejo de tecnologías. El cuarto objetivo tiene que ver con la coordinación tanto a nivel nacional como internacional para que se creen instancias de cooperación entre el sector público y privado para comunicar y difundir actividades en la materia. Y por último, incentivar a la industria y la investigación científica aplicada a temas de ciberseguridad. Esto quiere decir que el país “promoverá el desarrollo de una industria de la ciberseguridad, que proteja a las personas y las organizaciones y que sirva a sus objetivos estratégicos”.

Asimismo, para avanzar en el objetivo de lograr una infraestructura resiliente, se hace hincapié en la necesidad de impulsar la tramitación del proyecto de ley marco sobre ciberseguridad e infraestructura crítica de la información, el cual creará la Agencia Nacional de Ciberseguridad para que opere como el órgano rector de la ciberseguridad en Chile.